Gremios dicen que hay menos carne, leche, palma y plátano en 23 fincas que antes eran privadas. Aganaco exige al Gobierno que devuelva las haciendas a sus dueños o que pague indemnización

A un año de la intervención del Estado en las fincas en el Sur del Lago (que comprende parte de los estados Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo), la producción de alimentos cayó hasta 70% en esas unidades productivas, según los cálculos de la Asociación de Ganaderos y Productores del Municipio Colón (Aganaco).

Hace un año, el Ejecutivo Nacional anunció la expropiación de 47 fincas productoras de alimentos. En el transcurso del año devolvió 24 haciendas a sus dueños, y concretó la medida de intervención total y parcial sobre 23, según informó el presidente de Aganaco, Ciro Labarca.

“Hay unas fincas que el gobierno tomó por completo, en las que ha caído muchísimo la producción. Hay otros casos en los cuales los dueños permanecen en la finca, viven ahí, continúan la producción, pero con presencia de militares, quienes ejercer presión y piden mejoras laborales a los trabajadores, es una situación muy complicada”, explicó.

Como Bolívar y Hoya Grande, hay otras que fueron tomadas completamente por el Estado, como por ejemplo, La Gloria (de 400 hectáreas), Onia (500 hectáreas), La Chapala (500 hectáreas), El Rin (200 hectáreas) y El Quince (100 hectáreas). En otras se combina la presencia militar con los dueños privados, como El Peonío, El Guanarito, El Potente, Dinamarca, La Goajirita y Campo Alegro, entre y otras.

El presidente de la Fegalago, Jesús Iragorri, señala que fincas que fueron emblemáticas en los procesos productivos y especializadas en exportaciones, hoy han quedado “desmanteladas”.

Mencionó el caso de la Hacienda Bolívar (llamada ahora Bolivariana), que hace un año aportaba 5.500 litros de leche fresca al día, y ahora apenas produce entre 1.000 y 1.500 litros.

“Ahí había 200 novillos que iban para matadero y ahora no hay nada de eso. Está militarizada, igual que las demás lo que ha traído mucha inseguridad jurídica”, indicó Iragorri.

El caso de la hacienda Hoya Grande es “lamentable” para ambos directivos. Iragorri indica que la finca era una referencia local e internacional de producción platanera para la exportación. “La mejor de Latinoamérica”, dice. Pero la producción ha caído en cerca de 70%, por la intervención del Estado y la falta de mantenimiento de los diques que la separan del río Chama.

En una comunicación dirigida al gerente de Gestión Administrativa del ente, Antonio Leggio, los delegados de prevención del INTI manifestaron su preocupación por los efectos sobre la salud que ha tenido la “quema a cielo abierto de materiales de papel provenientes del archivo central” y solicitaron que se ordene “de forma inmediata la paralización de dicha quema de materiales”.

La comunicación a la que tuvo acceso El Universal señala: “respecto al tipo de material que se está quemando, que se presume se trata de expedientes llevados por este Instituto Nacional de Tierras en sus primeros años y el antiguo Instituto Agrario Nacional (IAN), queremos sugerirles que existe una metodología para el resguardo y protección de los mismos, puesto que se trata de documentos que son patrimonio de la nación, y esta metodología consiste en solicitar formalmente al Archivo Histórico de la Nación un espacio para su resguardo y protección”.

Además, el comité de Prevención advierte en la carta enviada al funcionario que “existen sanciones establecidas en la legislación nacional vigente para la destrucción de materiales y documentos patrimonio de la nación, motivo por el cual le sugerimos la revisión de la Ley de Contraloría y Sistema de Control Fiscal y el Decreto de Ley Orgánica de la Función Pública”.

Los representantes laborales abren la comunicación de fecha 21 de marzo de este año alertando sobre los efectos que el humo, producto de la quema de documentos, está teniendo no sólo sobre la salud de los trabajadores del INTI sino también en las personas que residen en las comunidades aledañas a esa institución. Aseguran también que esa situación afecta el normal desenvolvimiento de sus labores.

Fuentes del INTI que prefirieron mantener su nombre en reserva informaron a este diario que “se han quemado más de 800 cajas de documentos, cuyo contenido es información financiera y correspondencia de las oficinas regionales y de los demás registros agrarios”.

Las fuentes señalaron que este viernes, ante la humarada que ha generado la desincorporación irregular de material en el INTI, la comunidad llamó a los Bomberos de Caracas para alertar sobre la situación.

Incluso la actividad fue suspendida porque los trabajadores del ente protestaron. ACC